LA DAMA SE HA PUESTO UN LÍMITE

 

LA DAMA SE HA PUESTO UN LÍMITE

 

 

 

 

 

Los últimos tiempos en la Argentina son claramente demostrativos de la gran diferencia existente en torno a los distintos gestores de la acción política. Se destaca, con enorme diferencia, el proyecto de la Dama y su agrupación favorita, del resto del universo que comprende el oficialismo y los diversos sectores de la oposición.

 

Por lejos, la unidad de concepción de un proyecto y su ejecución concreta, a la par que la ocupación de los espacios y la progresiva expansión territorial e institucional, que supera en consistencia y sustancia cualquier disputa circunstancial, para consolidar como objetivo una estructura ideológica.

 

En este esquema, resulta capital resolver la situación jurídica personal y familiar para consolidar el éxito de la teoría del “lawfare” y cristalizar la derrota de la guerra jurídica o judicial supuestamente emprendida contra la familia, pura y exclusivamente justificada en motivos políticos, desde el punto de vista y la lectura oficial.

 

El término, de uso incluso papal, es una contracción gramatical de las palabras “law” (ley) y “warfare” (guerra, conflicto armado). En definitiva, la defensa de la ex Presidenta la ha caracterizado como una acción ofensiva contra el opositor político.

 

Los procesos judiciales que la tienen como protagonista deberán transitar una combinación de reformas en ciernes que constituyen un extraordinario ingenio legal.

 

En primer término, los variados recursos extraordinarios radicados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 

Nueve en total, hasta el presente, seis de los cuales pertenecen a la defensa de Cristina Kirchner. Desde el caso “Vialidad”, con la invocación de cosa juzgada, por haber sido motivo de causa en el sur, cuya procedencia haría caer los casos “Hotesur” y “Los Sauces”, pasando por denegación de pruebas, ampliación del peritaje, cuestionamiento del perito oficial interviniente,  que compartía en redes sociales consignas antikirchneristas y contra la competencia de la Justicia Federal de Comodoro Py.

 

En tránsito, un tema clave, convalidado por Casación, que podría ocasionar el derrumbe del caso de “Los cuadernos de las coimas”. La constitucionalidad de la aplicación de la ley del imputado colaborador. La homologación de 31 acuerdos con arrepentidos, es la llave de la acusación que la sindica como la líder de una asociación ilícita.

 

Además, se impugna la forma en que fue obtenida la prueba. En este sentido, el Presidente habló recientemente de la ley del arrepentido como “un sistema de compraventa de testimonios”.

 

Seguramente, la Corte tendrá la última palabra, aún tratándose de aventuras procesales lejanas a las decisiones de fondo, pero cruciales en la proyección del destino final del proceso.

 

Sin perjuicio de tan variado cuestionamiento a disposición del Tribunal, aún con considerable tiempo consumado,  no hubo movimientos de ninguna especie en las causas.

 

El arbitrio jurídico y la ponderación del tiempo razonable no tiene urgencias. La Corte es soberana en la oportunidad y el momento adecuado. 

 

Tampoco las reformas judiciales propuestas avanzan sobre su composición y/o el número de los integrantes.

 

Dicha situación ha motivado rumores en el foro, en cuanto a que el abandono de la preciada iniciativa del número de jueces del Tribunal, muy cara a las pretensiones oficiales, sería motivo de atenciones y compensaciones. Cruel especulación que niegan unos y otros.

 

Además, nobleza obliga, cuando la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Vilma Ibarra explicó el contenido del Decreto del Poder Ejecutivo 635/2020, que crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, denominada popularmente la Comisión Beraldi y 10 más, en honor al abogado defensor de la ex presidenta, puntualizó que el Presidente establece los temas en que pide ser asesorado y entre ellos no está el debate del número de integrantes de la Corte. 

 

Concluyó que dicha cuestión no ha sido solicitada (ver artículo en este Blog: “La Propuesta del Presidente en torno a la supuesta modificación del número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 28/08/2020).

 

En la vida institucional de los funcionarios,  el  respeto a la palabra empeñada es un rito que claudica ante las necesidades políticas.

 

La Comisión, en su opinión mayoritaria, ha hecho honor a la prédica empeñada y sostiene que la cuestión no fue habilitada por el requerimiento presidencial.

 

En definitiva, existe una autolimitación del Poder Ejecutivo que ha sido respetada por la Comisión en lo concerniente al número de jueces de la Corte.

 

Es un homenaje entonces a la idea que la mejor reforma a la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la que no se hace.

 

Un tema particularmente delicado y sensible son las recomendaciones de la Comisión de Juristas para modificar el Ministerio Público Fiscal. La mayoría de sus miembros aconseja reducir la exigencia de los dos tercios del Senado para nombrar al nuevo Procurador. 

 

La propuesta es de 6 de sus 11 miembros, ahora por la mayoría y se encuentra en sintonía con el proyecto sancionado recientemente por el Senado.

 

La celeridad parlamentaria no conoce de duelo, ni de recesos velatorios por la muerte del más grande de los ídolos populares.

 

El Senado apuró la sanción del Proyecto de Reforma de la Ley del Ministerio Público y lo giró a la Cámara de Diputados.

 

Mientras tanto se acudió al uso político del deceso histórico. En plena pandemia se convocó a un velorio multitudinario. Se expuso al pueblo a un contagio masivo y organizado.

 

Las primeras filas de la dolorosa despedida fueron ganadas por los barras bravas amigos del poder. Aún, personajes condenados tuvieron acceso especial y distinguido.

 

La familia puso límites y condiciones y el gobierno resignó sus pretensiones y cerró las puertas a la ilusión alimentada y propiciada desde la negligencia y la desidia.

 

La despedida se frustró en disputas con la familia, a quién incluso se culpó por los conflictos callejeros producto de la desorganización e imprevisión de la seguridad, a la par que se hizo lo propio con las autoridades de CABA. 

 

Los barras bravas entronizados en la sede gubernamental, dominando los patios, desafiando la autoridad, a los gritos, a los saltos, en demostración masiva e inquietante.

 

El Presidente, megáfono en mano, dando testimonio patético de la decadencia institucional. 

 

Clara ilustración de los personajes que dominan la escena. El político, prisionero de sus necesidades y de los mandaderos. 

 

No hay palabras para documentar tanto oprobio. Los hechos son sagrados. El comentario es libre ( C. P. Scott ).

 

Anteriormente, el Senado había sancionado la Reforma Judicial que asigna trascendencia al sistema acusatorio y contempla que las investigaciones estarán a cargo de los fiscales y que los jueces se encarguen de revisarlas.

 

 Ahora modifica el sistema de designación del Procurador, dejando sin efecto los dos tercios para incorporar la mayoría absoluta.

 

Con la nueva mayoría, la vice presidenta tiene el número holgado para formular la propuesta de alguien de su mayor confianza e incluso ponerse en contradicción con la nominación del Presidente, ya que el pliego remitido descansa en dependencias del Senado, a la espera de mejor suerte para su tratamiento.

 

Otro punto crucial de la reforma son las amplias facultades para revisar la actuación de los fiscales en procesos en trámite que se entregan a la Comisión Bicameral del Congreso, con lo cual se consagra una clara intromisión en la actuación judicial y se promueve un sentido de disciplina política.

 

Si la designación del Jefe de los Fiscales recae en una figura incondicional de la vida política, se produce la sujeción del Ministerio Público a la mayoría circunstancial y el sometimiento al poder constituido de turno.

 

Para ella el Poder es Mando y Obediencia.

 

Para él: vamos viendo. Sin previsión y decidiendo sobre la marcha.

 

Esta muy claro quién progresa y consuma sucesivamente sus objetivos.

 

Esta vez no se avanza sobre la Corte Suprema. Al menos resulta sospechosa la renuncia al embate, cuando nada le impide hacerlo.

 

Mientras las misivas y declaraciones cruzan la gestión del Ejecutivo, el vértice final de la decisión encargada de sellar la suerte judicial personal y familiar, es respetado y considerado.

 

Para quién ha hecho de la acción y el conflicto una forma de ser, el compromiso de Reforma Judicial Integral, en que se encuentra empeñada, sin afectar el número de integrantes de la Corte Suprema, es demostrativo de la existencia de un límite.

 

Máxime por que consiente el Decreto de autolimitación presidencial en la materia.

 

Pudiendo ir por todo, no lo ha hecho.

 

El anuncio de un Tribunal Intermedio que propone el Consejo Consultivo no suple la resignación de confrontar con la máxima autoridad judicial.

 

Más allá de todas las consideraciones de política legislativa, razones de mérito, oportunidad o conveniencia para la Reforma Judicial, la circunstancia de mantener intangible la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un signo de salud republicana.

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no es tributaria del poder de turno, tendrá la palabra final, como corresponde al Estado de Derecho.

 

Priva la opinión del Presidente. La Dama no confronta.

 

Podemos especular, pero, por la razón que fuera, esta vez se puso un límite.

 

Es saludable y resulta auspicioso que así sea.