ANTES DE QUE SEA TARDE

 

                                            ANTES DE QUE SEA TARDE

 

 

 

En Argentina asistimos a un constante deterioro de los derechos básicos garantizados constitucionalmente. La gravísima crisis económico social que degrada las actividades y suma sectores en pobres condiciones es acompañada sistemáticamente por un conjunto de avances sobre garantías fundamentales del Estado de Derecho.

 

El orden económico social se resquebraja, se profundiza la tradicional anomia y todos los días las noticias transmiten problemas en ejercicio de las libertades tradicionales.

 

Asistimos a muy variados ensayos de las organizaciones sociales que experimentan sus métodos de acción política, con complicidad oficial y desvíos de las miradas que consagran un espacio prerevolucionario.

 

Las tomas de tierras, terrenos, inmuebles, convocan un universo variopinto, configurado por las necesidades de viviendas y el uso político de las precarias condiciones preexistentes por las asociaciones sociales. Entonces se mezclan militantes promovidos por las mas altas autoridades eclesiásticas, denominados incluso amigos papales, dirigentes del más alto nivel del gobierno que se excusan en cuestiones de discriminación de género y un proyecto que legitima la reforma agraria.

 

Ya no basta la asistencia estatal. Ahora, al amparo de la pertenencia a la coalición gubernamental, pueden protagonizar la experiencia revolucionaria.

 

Así se suceden tomas en el sur del país, en la Provincia de Buenos Aires y en la de Entre Ríos, para destacar, entre muchas otras, las que tuvieron mayor relevancia en los últimos días.

 

La Ministra de Seguridad Sabina Frederic tuvo una primer declaración que testimonia su compromiso ideológico: “no es un tema de Seguridad, no es un tema de seguridad, es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras”.    

 

Posteriormente, advertida por la incorrección política de sus afirmaciones rectificó en el sentido que: “son actos ilegales prohibidos por la ley”. 

 

En este sentido, la lógica política del gobierno se ordena entre el derecho de propiedad del dueño de la tierra y el derecho a la vivienda de los sin techo. La tensión no se debe resolver exclusivamente en la reducción de un esquema represivo punitivo. Por lo tanto, el paraguas ideológico permite que no exista prevención, ni tampoco represión.

 

            Luego de las idas y vueltas de Entre Ríos, la usurpación fue constatada por la Justicia y los enviados del denominado “Proyecto Artigas” fueron desalojados.

 

            El primer objetivo se encuentra cumplido. Han logrado visibilidad y reconocimiento nacional. La propuesta esta en ciernes.

 

            Un capitulo aparte merece el Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Viene remontando la expresión expuesta en un reportaje televisivo: “Si no hay un mango partido al medio Que lo haiga para el que lo necesita”.Indudablemente, persiste en la línea de Herminio y, además, confunde a los “Barones y Varones del conurbano” en un dislate de género del cual no hay compostura posible.

 

            Ahora, corona el  extravío con su insistente lucha de clases, al señalar que: “La mayoría de los barrios privados y countries son prácticamente ocupaciones de tierras porque no pagan impuestos”.

 

            La impericia o negligencia de administración y recaudación se ve acompañada por una traición también ideológica. Censura y reproche a los representantes del privilegio para esconder en el agravio las limitaciones a la gestión y al resultado.

 

            También la libertad de expresión tiene sus pequeños problemas. En el ámbito nacional se ha creado un Obervatorio de los Medios (NODIO) para analizar las publicaciones y valorar sus contenidos. Curiosa experiencia que articula sus primeros pasos de manera distraída, cansina y sin mayor suceso. 

 

            Ha nacido la Policía del Pensamiento para ponderar el lenguaje y sus expresiones.

 

            En materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), economía del conocimiento y teletrabajo, fuentes de trabajo modernas con capacidades de empleo de progresión geométrica, se legisla sin estímulos para las inversiones y los emprendimientos.

 

            Los derechos humanos tienen una visión sesgada. Casos de desapariciones seguidas de muerte, como el de Facundo Astudillo Castro, con pruebas concurrentes de participación policial en el derrotero físico de la víctima, desaparecen de la agenda y queda solamente la madre con su reclamo activo por el esclarecimiento y Justicia en el caso.

 

            El Gobernador de Buenos Aires acaba de consagrar un subsidio para no usurpar terrenos. Ofrece un puesto de trabajo y blinda con más legitimidad al ocupante ilegítimo.

 

            Es increíble, lo premia por incumplir la ley.

 

            El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, en su informe de Gestión, señaló ante los Senadores que: “hace falta una sentencia judicial para calificar una toma de tierras como un hecho ilegal”

   

            Todo está subvertido. Lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo.

 

            La permisividad estatal, en muchos casos por compromiso ideológico, pero en otros simplemente por manifiesta incompetencia; la pasividad policial (desconfianza en los mandos y dudas en el respaldo a la acción en el campo); la libertad de acción para las organizaciones sociales al límite de la comisión de hechos delictivos; la defensa sesgada de los Derechos Humanos de primera y segunda generación; la disociación social -promovida y festejada en ámbitos oficiales-; la falta de unidad de concepción y de acción; la crisis sanitaria y económico social, nos ponen en los umbrales del caos y del enfrentamiento.

 

            Por unos minutos reflexionemos sobre la profundización de estas contradicciones y la connivencia entre los funcionarios y los integrantes de las asociaciones sociales y militantes en los abusos de los derechos garantizados constitucionalmente.

 

            Traslademos las reflexiones a un contexto de mayorías parlamentarias y régimen incipiente de partido único. El progreso del orden revolucionario por acción u omisión del funcionario circunstancial recorre un lento y sinuoso camino, pero se potencia exponencialmente y se consolida con mayorías que desprecian las minorías.

 

            Las elecciones venideras resultan cruciales en nuestra historia moderna. En ellas se respaldará un modelo de país estatista, cerrado, con limitaciones a los derechos individuales y dispuesto a vivir con lo nuestro u otro libre, abierto, respetuoso de los derechos y garantías constitucionales.

 

            La frágil mayoría actual permite la crítica, el disenso y la lucha efectiva por los derechos. 

 

         Las dos coaliciones actuales constituyen un sinceramiento y simplificación del pensamiento político. 

 

            Algunos esperan todo del Estado. Otros emprenden y piensan en la libertad y la iniciativa privada como motor del desarrollo.

 

            La mayoría simplemente quiere un país normal.